En un extenso descargo, el imputado Jorge Enrique De Breuil calificó la investigación penal y el requerimiento de elevación a juicio en la causa de los contratos legislativos como “descabellada” y de una “insensatez” difícil de abarcar. Aseguró ser víctima de una justicia que, a su entender, “carece de objetividad alguna, sorda y ciega frente al ejercicio de la defensa”, y denunció una “profunda orfandad investigativa” y un “palpable desprecio de los criterios de objetividad y transparencia”. De Breuil sostuvo que la investigación se basa en “chismes, falsedades y mentiras”.

El hombre que tiene 76 años y vive en Córdoba esta acusado de ser uno de los destinatarios de los fondos e inversor de los millones de pesos que se obtenían a través de los contratos legislativos.

De Breuil, imputado por asociación ilícita en concurso real con peculado reiterado, afirmó que aún le cuesta comprender de qué se le acusa con precisión, pese a reiterados pedidos. Negó rotundamente haber tenido rol alguno en la supuesta sustracción de dineros.

Uno de los puntos centrales de su defensa fue la refutación de la afirmación fiscal que lo señala como “empleado de planta permanente del Honorable Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el Senador Pedro Guastavino”.

A esta aseveración la calificó como un “primer embuste” y una “falacia en la que… la fiscalía persiste”, a pesar de haberla desmentido en varias ocasiones y aportado pruebas documentales que, según él, lo contradicen. Argumentó que, de ser cierta la doble dependencia, habría violado normas constitucionales y del Senado de la Nación, y para ello habría tenido que cometer el delito de “falsificación de un instrumento público”.

Cuestionó por qué los fiscales se “empecinan, al punto de mentir reiteradamente” en esta afirmación. Señaló que, incluso, se intentó confundirlo con los datos laborales de su hijo, lo que el fiscal (Ignacio) Aramberry, al intentar corregir, llevó a “mentir dos veces” en audiencia.

El imputado también desmintió enfáticamente las pruebas presentadas por la fiscalía para vincularlo con el dinero supuestamente sustraído.

Respecto a las anotaciones en el archivo “Monotributo.xls”, explicó que las menciones que la fiscalía usa para imputarlo corresponden a “un conjunto de datos que si bien varían en sus cifras mantienen casi inalterados sus conceptos y parecieran estar vinculados en principio con un rubro denominado gastos”.

Afirmó que la interpretación fiscal de ciertas anotaciones como “destinatario de cheques a su favor” o dinero vinculado a los contratos es “absolutamente falsa”. Aportó recibos de haberes y otra documentación para demostrar que las cifras mencionadas por la fiscalía se corresponden exactamente con sus haberes legítimos liquidados por la Cámara de Senadores de la provincia. Acusó a los fiscales de haber “ocultado esta prueba” tanto a él como a los peritos contadores.

Sobre las menciones que la fiscalía interpreta como “Ingreso Extra JDB” (sus iniciales), De Breuil detalló que estas anotaciones en las planillas de Alfredo Bilbao no representan dinero recibido, sino que son “una simple compensación de saldos” relacionada con sus aportes de capital para la construcción de un fideicomiso inmobiliario (“PH Alsina”).

Explicó que estos aportes provenían de los dividendos de su empresa “Sandebus Inversiones S.A.“, cuya existencia y legitimidad están documentadas y eran conocidas incluso por figuras ajenas a la causa como el doctor Guillermo Michel. Señaló que esta explicación está “corroborada por numerosos elementos de prueba, la mayoría de ellos recopilados por la misma fiscalía”. Reiteró que la afirmación fiscal de que intentó justificar el dinero como ganancias anteriores al periodo investigado es “absolutamente falso”.

También refutó la aseveración fiscal de que fijó el mismo domicilio en CABA que otros imputados como indicio de asociación ilícita, explicando que se trataba de declarar el domicilio legal del jefe de despacho en el Senado de la Nación a efectos de notificaciones administrativas, lo cual no oculta el domicilio real que consta en su documento de identidad.

Respecto a la información patrimonial y fiscal, De Breuil denunció que la fiscalía le entregó un padrón de AFIP que describe sus actividades económicas de manera “ridiculez”, señalándolo con códigos como “Servicios N.C.P. (incluye actividades de astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodados de autos, etc.)”.

Presentó documentación notarial y registros de AFIP que demuestran su actividad empresarial legítima y de larga data, acusando a los fiscales de buscar “borrando toda mi actividad empresarial” para ligar sus inversiones a los contratos. También señaló que, a pesar de que un oficio a AFIP incluía su nombre y el de su esposa, y que él y su esposa son socios en empresas investigadas, las pruebas entregadas por la fiscalía no incluyen archivos con sus datos patrimoniales o financieros.

De Breuil argumentó que la imputación es “insostenible” y que la fiscalía ha decidido “ignorar todas las pruebas aportadas y falsear mis dichos” para mantenerla. Destacó que sus múltiples declaraciones y las 66 pruebas documentales que aportó “en ningún momento fueron analizadas y mucho menos desmentidas por los fiscales”.

El imputado también criticó la omisión de investigar a las autoridades políticas superiores, a pesar de que, según explicó detalladamente, la celebración, ejecución y control de los contratos legislativos requiere la participación y autorización de múltiples organismos y funcionarios del Estado, incluyendo Vicegobernador, legisladores, Contaduría General, Tesorería General y Tribunal de Cuentas. Señaló que incluso exfuncionarios como Cecilia Goyeneche y el actual Procurador General Jorge García han admitido la existencia de responsabilidades políticas no investigadas, con excusas que él considera sin sustento legal. Según De Breuil, los fiscales han “incumplido conscientemente uno de los fines centrales de toda investigación penal preparatoria, como es la individualización de los presuntos autores”.

Como prueba de que la investigación no ha abordado el problema real, De Breuil presentó cuadros que, basándose en Cuentas Generales aprobadas y datos públicos, muestran que el gasto en contratos de obra por parte de la legislatura se incrementó en términos reales en los años posteriores al inicio de la investigación (2019 y 2020).

Interpretó esto como una señal de que la investigación “no adoptaron medidas destinadas a detener la sustracción de los dineros públicos” y que, en cambio, se dedicaron a “desinformar, desviando la atención pública y facilitando que, de existir un estado de cosas anómalas, éste pudiera continuar sin mayores sobresaltos”, persiguiendo a los “perejiles”.

Finalmente, De Breuil dedicó un apartado a lo que denomina el “juicio mediático paralelo”. Citando a expertos, lo definió como una “patología” que manipula la información para influir en la opinión pública y presionar al Poder Judicial. Atacó directamente al director de Análisis Digital y conductor del programa Cuestión de Fondo, que se emite por Canal 9 Litoral, de colaborar con la fiscalía para difundir “hechos falsos” y “mentiras”, “haciendo alarde de sus conexiones con la fiscalía” para acceder a información reservada y desacreditar su defensa.

En suma, Jorge Enrique De Breuil concluyó que la imputación en su contra se da en un marco de “profunda orfandad investigativa”, “absoluta prescindencia del derecho constitucional y administrativo”, “palpable desprecio de los criterios de objetividad y transparencia”, y “marcado menoscabo del derecho de defensa”.

La noticia Causa Contratos: el imputado Jorge De Breuil acusó a fiscalía de mentir se publicó primero en AHORA Entre Ríos.