La voluminosa causa de los contratos legislativos, una de las mayores sustracciones de fondos públicos del Estado provincial, entrará en su fase de discusión previa al debate. Con el fin de evitar contratiempos, la jueza de garantías, Marina Barbagelata, fijó una serie de pautas para que las audiencias de remisión de la causa a juicio sean dinámicas.

Barbagelata informó a las partes que habrá un límite de exposición para los defensores de los 31 implicados; eran 32, pero fiscalía ya adelantó que peticionará el sobreseimiento de uno de los acusados. Además, dijo que no se podrá repetir más de dos veces lo que se dice y adelantó que el martes 22 de abril, cuando se inicie la etapa de remisión, se tratarán las exclusiones probatorias.

Sobre este punto, Barbagelata le pidió a los defensores y fiscales que se reúnan y se vayan poniendo de acuerdo para evitar demoras, ya que las audiencias serán lunes, martes y jueves de 9 a 19.30 con un descanso de unos 90 minutos al mediodía. Los miércoles sólo habrá audiencias de mañana. Toda la actividad se extenderá hasta el jueves 11 de septiembre.

Los fiscales Ignacio Aramberry, Gonzalo Badano y Patricia Yedro acompañaron lo propuesto por la jueza. Es más, indicaron que hay una serie de imputados que están buscando una salida alternativa a su situación, como ser la probation o la firma de un juicio abreviado.

Los defensores que estuvieron presentes: Emilio Fouces, Julio Federik, José Velázquez, Franco Azziani, Damián Pettenati e Iván Vernengo. Los abogados más que nada objetaron la carga horaria porque viven de la profesión y tienen otros casos que llevar adelante.

La acusación

Los imputados están acusados de participar en el desvío de 52.927.878,50 dólares del estado provincial (cotización dólar oficial BNA 93,75 pesos actualizado a mayo de 2021), entre 2008 y 2018. Para la fiscalía los implicados pertenecían a una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización.

Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en Enero de
2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a pesos 4.500 pesos, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho el 20 de septiembre de 2018 con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de 50.000 pesos por vínculo.

Por otra parte, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011, con contratos 5.000 pesos, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de 50.000 pesos por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con más de 700 contratistas.

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