Una audiencia judicial para solicitar pericias telefónicas, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los 10 acusados de defraudar al Estado entrerriano a través del programa Jóvenes Emprendedores, que dependía del Ministerio de la Producción en la gestión de gobierno de Gustavo Bordet, terminó con planteos defensivos que provocaron un cuarto intermedio.

El juez de Garantías Eduardo Ruhl resolvió que la semana próxima continuará la audiencia. Sucedió que Tomás Virgala, abogado defensor de Alejandro Usatinsky, señalado como uno de los captadores de los prestanombres para el otorgamiento de créditos, mostró fotos de cómo encontró el material informático que supuestamente estaba bajo resguardado.

Según el defensor, la fiscalía no respetó los protocolos de actuación y violó la cadena de custodia del material digital que ahora se pretende peritar.

Esta situación provocó que Badano solicite un cuarto intermedio para poder responder sobre esa situación que se presentó imprevistamente en la audiencia.

A su vez, en el caso se presentó una damnificada como querellante, algo que llamó la atención de los defensores Vírgala, Miguel Cullen y Luciano Legascue.

Todos se opusieron a la presentación de acusación privada en esta instancia, teniendo en cuenta que se está investigando un delito contra la Administración Pública. El planteo no prosperó y las abogadas Alejandra Vergara y María Jerez pudieron hablar y expresarse en la audiencia.

Un dato importante que deslizaron las querellantes es que su clienta, que fue intimada por el Tribunal de Cuentas a pagar un crédito que no pidió, denunció este hecho en 2021, pero la presentación se archivó.

El fiscal Badano contó que ya entrevistó a unas 30 personas y que no encontraron un crédito real. Dijo que de la investigación surge un patrón de conducta delictiva y que por eso quieren analizar las comunicaciones y quieren el levantamiento del secreto bancario de imputados y los que recibieron los créditos y también afirmó que se necesita acceder al secreto fiscal.

Badano dejó en claro que de esa forma podrán conocer dónde fueron a parar esos millones de pesos que se sustrajeron de la órbita del Estado provincial. En ese sentido precisó que en la causa hay facturas adulteradas que no permiten rastrear el destino final de los fondos.

En la audiencia Badano reveló que hay personas que se hicieron monotributistas solo para cobrar, que recibieron una parte del crédito y que la otra la tuvieron que entregar. También hay casos de personas que jamás se enteraron que obtuvieron un crédito, pero alguien se llevó ese dinero.

En ese orden, citó las identidades de Alejandro Usatinsky, Lucila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos como los supuestos “captadores” o encargados de “recaudar”.

Los principales investigados, por el momento no imputados, son: Pedro Gebhart, Cristian Klein, Tomás Osorio y Claudio Rosas Vico. A estos sospechosos se le suman: Usatinsky, Magallanes, Balbuena, Acosta, Yonas y Frutos.

Miguel Cullen, defensor del exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart, cuestionó la forma que tiene la fiscalía de realizar las “entrevistas”. El letrado dijo que hay personas que se autoincriminaron, como aquellos que recibieron supuestamente dinero a cambio de prestar su nombre.

Cullen dijo que la fiscalía pide avanzar en la invasión de las personas con información que obtuvo de manera ilegal. No le advirtió que estaban declarando y que en esa declaración se autoinculpaban porque la fiscalía le decía “nosotros decidimos a quién investigar”.

También los tres defensores presentes en la sala coincidieron en pedir que, si se habilita el entrecruzamiento de llamadas, sea una pericia y no un informe. Porque si es pericia, las defensas pueden preguntar. Y que el plazo de análisis sea desde la apertura de causa y no de 2018 a 2022, como pidió el Ministerio Público Fiscal.

Virgala reclamó con los otros abogados la nulidad de los allanamientos, que no se habilite el levantamiento del secreto bancario de ambos y el fiscal de los imputados.

El caso en investigación

La investigación arrancó en marzo de 2024, pero las advertencias empezaron mucho tiempo antes. Es más, en 2021 ya se advirtió que se estaban entregando créditos a emprendedores que no existían.

Bajo la lupa, además de Gebhart, que manejaba el área, están el exdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Cristian Klein, Tomás Osorio, exdirector de Políticas de Apoyo a Emprendedores, y Claudio Rosas Vico, actual funcionario de la gestión de Rogelio Frigerio.

La supuesta maniobra ilícita

En el marco de una investigación sobre créditos a emprendedores, el Tribunal de Cuentas alertó sobre la falta de seguimiento y verificación de los proyectos, que supuestamente existían, otorgados hasta diciembre de 2023 por la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor, dirigida por el escribano Pedro Gebhart.

La investigación surgió cuando la nueva gestión del Ministerio de Producción intentó cobrar los créditos otorgados anteriormente y descubrió que algunas personas desconocían haber recibido un crédito; en otros casos recibieron solo un porcentaje, y en muchos, los supuestos emprendimientos no existían.

Los investigadores pudieron localizar a más de medio centenar de “beneficiarios” de esos créditos. Son personas jóvenes, vulnerables, con problemas de adicciones, que viven en distintos barrios marginados de Paraná.

Los montos de los créditos varían. Algunos eran de 250.000 pesos y otros llegaban al millón de pesos. El daño al Estado es millonario.

Si bien estaba prohibido por reglamentación otorgar un segundo crédito a personas que no habían devuelto el primero, las autoridades igualmente habrían resuelto otorgarlo, siendo que el grupo de emprendedores beneficiados con estos segundos créditos ni siquiera había demostrado la inversión del primero, mucho menos devuelto.

Acá comenzaría a tener una figura preponderante Vico, quien se presume podría haber falsificado informes donde expresaba que esa persona no había tenido un crédito. Es decir, no solo que no informaban que tenían deuda, sino que directamente mentían diciendo que jamás se les dio un préstamo.

También al área que conducía Gebhart le habrían advertido en varias oportunidades que haga las visitas o el seguimiento a los emprendedores, más que nada a aquellos que no devolvían, ni informaban qué hicieron con los fondos.

Una buena idea

El programa está diseñado para ofrecer préstamos sin interés y sin necesidad de garantía a jóvenes menores de 40 años con ideas innovadoras y sustentables. Inicialmente, se otorga un año de gracia antes de comenzar la devolución, que luego se extendió a tres años. Actualmente, los préstamos varían entre 250.000 y 1.000.000 de pesos, según la Secretaría. Desde el tercer año, la devolución se hace en 24 cuotas mensuales sin intereses, con la opción de extender el plazo de gracia a un cuarto año si el emprendimiento enfrenta dificultades.

El Programa Jóvenes Emprendedores consistía en el otorgamiento de créditos de parte de la provincia a personas de entre 18 y 23 años, para que pudieran encarar un proyecto laboral autónomo, con un año de gracia que luego se extendió a tres, y devolución en 24 cuotas. Los montos de los créditos varían. Algunos eran de 250.000 pesos y otros llegaban al millón de pesos.

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