A mediados de mayo pasado el Puerto de Concepción del Uruguay fue noticia en todo Entre Ríos cuando un empresario que hasta el momento había cultivado un perfil bajo decidió patear la mesa, prender el ventilador y acusar con nombre y apellido a funcionarios y jueces de haber pergeñado un sistema de corrupción a través del cobro de coimas y el montaje de juicios laborales en la terminal fluvial.

El mismo denunciante, José Uriburu, hoy está preso por haber secuestrado a otro “empresario” que operaba en el puerto de La Histórica y que está desaparecido desde el 8 de julio: Gastón Tallone.La captura tiene una oscura trama de “mejicaneadas” y ajustes de cuentas del narcotráfico, del que Uriburu es hoy el engranaje más visible, pero ni por lejos el único involucrado.

La historia del detenido hace parecer aburridas a varias series de Netflix: como abogado fue creador de numerosas sociedades anónimas, participó de misiones a China como asesor del Ministerio de Transporte de la Nación, se habría robado un cargamento de droga a través del Puerto de Concepción del Uruguay y aparece en los Panamá Papers con una empresa offshore domiciliada en Hong Kong. Hasta hace poco más de un mes vivía en un lujoso country de Nordelta. Hoy está las rejas en una cárcel de Entre Ríos.

Una carrera intachable

El perfil profesional de José Alberto Tomás Uriburu, de 40 años y oriundo de Concepción del Uruguay, revela un costado exitoso como abogado y experto en transporte y logística. La AFIP lo tiene registrado como prestador de servicios de asesoramiento y gestión empresarial en sociedades anónimas. Su nombre aparece varias veces en el Boletín Oficial de la Nación en avisos de creación de este tipo de entidades. También inscribió otras, pero en condición de accionista.

Hace 21 años comenzó su trayectoria con un estudio propio, Uriburu & Bosch y Asociados, que condujo hasta 2010. Luego trabajó en un buffet de abogados -Tanoira Cassagned- de 2011 a 2013, cuando emprendió en el mercado vitívinicola. Se empleó en la alimenticia Pampa International Trade para desarrollar una cadena de vinotecas en China. Hasta 2015.

Los vínculos que cultivó en el gigante asiático lo encumbraron en el Ministerio de Transporte de la Nación, donde fue contratado como asesor en Inversiones y Comercio Internacional durante el gobierno de Cambiemos, entre 2016 y 2020.

Uriburu llegó, en 2017, a integrar una comitiva que viajó a China a reunirse con el Banco de Desarrollo Chino para avanzar en los proyectos de represas hidroeléctricas del sur argentino y en la rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas.

Dentro del mismo rubro, el abogado hoy preso también llegó a presidente del directorio de Trenes Argentinos, entre 2018 y 2020.

La cuenta de la red social profesional Linkedin de Uriburu exhibe numerosos conocimientos y aptitudes: “prevención del fraude”; “propuestas de valor”; “envíos internacionales”; “inversión extranjera”; “operaciones de importación/exportación”; “gestión de conflictos”; y “pactos empresariales”, entre otras. Hoy, cuando estallaron sus vínculos con el narcotráfico internacional, esas competencias adquieren otro sentido.

La empresa offshore

Cuando Uriburu se presentó en abril pasado en la Fiscalía de Concepción del Uruguay a denunciar la madeja de corrupción, entre otros datos personales declaró domicilio en la callePasteur, en el barrio de Martínez, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Con esa misma dirección, figura en la base de datos conocida como Panamá Papers, publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Según encontró AHORA, el abogado/empresario/secuestrador aparece con su nombre completo (José Alberto Tomás) como accionista de “Uriburu Family Inc.” radicada en jurisdicción del paraíso fiscal British Virgin Islands y con dirección en Honk Kong: más precisamente, en la unidad 826 del Offshorer Business Services Ltd., un edificio ubicado en el número 5 de Canton Road, en el distrito comercial de Kowloon. La firma fue registrada en octubre de 2014 y sigue activa, según el sitio web del ICIIJ.

La debacle

Probablemente enriquecido con su experiencia en transporte internacional, en 2021 Uriburu adquirió la empresa Terminal Puerto Concepción del Uruguay SA (TPCU), concesionaria de los depósitos fiscales del desembarcadero entrerriano y, como tal, un punto estratégico para bandas narcotraficantes interesadas en entrar y/o sacar cargamentos por las aguas del Uruguay. En algún momento de esa gestión privada, Uriburu se cruzó con Gastón Tallone, un “empresario” conocido en la zona con operaciones en esa terminal y que había sido investigado por la Justicia Federal por falsificación de cheques y fraudes.

Aquí empieza a escribirse la trama del caso que causó estupor la semana pasada. Es que la investigación judicial del secuestro revela que Uriburu y Tallone habrían estafado a un grupo narco con un cargamento de unos 80 kilos de cocaína, valuado en una abismal cifra de 800.000 dólares. Según supo AHORA, ambos se culpaban mutuamente de deberse dinero y haber “mejicaneado” la mercancía, aunque testimonios del caso apuntan que Uriburu insistía más en que el ladrón era el hoy desaparecido Tallone.

Si bien no está claro cuándo se habría consumado la estafa a los narcos, sí hay registros de amenazas al entorno de Tallone que comenzaron y se intensificaron a mediados de 2023, entre los meses de junio y julio.

Con esa pelea de fondo se escribió la subtrama de la historia, que se convirtió en un escándalo mediático en mayo pasado. Uriburu denunció en la prensa una trama de corrupción en el Puerto de La Histórica. Resumida, la acusación del abogado-secuestrador fue que el ex administrador del Ente Portuario local, Carlos María Scelzi, le quiso cobrar una coima de 30.000 dólares para evitarle la quiebra de la empresa TPCU. Esta maniobra sería pergeñada en complicidad con un juez (Eduardo Flores) y un grupo de empleados que le cargarían una “mochila de juicios laborales” que lo forzaría a liquidar la firma.

En su denuncia en la Fiscalía Uriburu implicó también al ex presidente del Puerto de Concepción, ex presidente del Instituto Portuario Provincial y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Leonardo Cabrera, a quien también acusó de pedirle una coima (de U$S20.000) para extenderle el permiso de operar en esa terminal entrerriana. Uriburu radicó esa denuncia el 26 de abril de este año.

Sea o no cierta la conspiración, un mes antes, el 25 de marzo, el juez Máximo Mir había declarado la quiebra y clausura de TPCU y la inhibición e inhabilitación de Uriburu en su calidad de propietario. Fue por la falta de pago la empresa de cinco sentencias firmes en juicios laborales, emprendidos en 2021 por los “despidos indirectos” de ex empleados.

Ya en quiebra y apremiado por la sentencia de marzo, Uriburu corrió en abril a denunciar el presunto entramado de corrupción del Puerto. Un par de meses después, quizás apurado o amenazado por los narcos estafados, organizó el secuestro de Tallone.

Hoy Uriburu está en prisión preventiva, procesado por “secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate y por la participación de más de tres personas” y embargado en 10 millones de pesos, ahora por el juez Federal Pablo Seró. Del paradero de Tallone no se sabe nada, como tampoco de los otros secuestradores.