Poco más de siete años después de ser detenido en el puesto caminero del Túnel Subfluvial con droga en su poder, el santafesino Maximiliano Aragonés fue juzgado y condenado a tres años de prisión condicional por la actividad que desarrollaba en aquel entonces, que era la venta de éxtasis, el boliches y fiestas electrónicas de la región. La pena es más baja que el mínimo que establece la Ley nacional de drogas (4 años de prisión efectiva) pero se trata de una política que viene adoptando el Tribunal Oral Federal de Paraná (y otros magistrados del país) para casos que consideran “menores” y/o de los que ha pasado mucho tiempo desde el momento de la imputación.
El hecho ocurrió en los últimos minutos del 24 de junio de 2017. En la madrugada del 25 el músico Mariano Mellino animaba una fiesta electrónica en un boliche de Paraná. Los policías de la caminera detuvieron la marcha de un VW Gol y algo no les cerraba. Le dijeron al conductor que iban a pasar el perro detector de drogas y el hombre les confesó que llevaba “faso”.
Para requisarlo, lo hicieron pasar a un baño y antes de ingresar el hombre arrojó una bolsa zipploc. La levantaron y encontraron adentro un centenar de pastillas de éxtasis, así como cocaína y marihuana.
En el juicio declararon los testigos del procedimiento. Y en los alegatos, el fiscal general José Ignacio Candioti pidió condenar a Aragonés a cuatro años y seis meses de prisión. Valoró todas las pruebas, tanto los elementos secuestrados, como las actas y las declaraciones de testigos. Y particularmente hizo hincapié en los diversos mensajes que había en el celular de Aragonés: “No fue uno o dos mensajes, que a veces sirven como indicadores, aquí la prueba es muy profusos, hay con más de 10 mensajes distintos, de distintas ciudades, habla sobre cuál era el destino de esas pastillas de éxtasis”, destacó.
“La metodología era similar en los distintos casos: primero le mandaba fotos de las pastillas de éxtasis y luego se entablaba el diálogo para que elijan cuál querían, si la de Mickey, las rosadas, las Nintendo, las de Warner Bros, y hacía referencia a los precios”, describió Candioti. Asimismo, leyó varios ejemplos, y en muchos casos era de personas que iban al boliche Tribus de Santa Fe, donde se encontraban para realizar las transacciones.
En este punto, cabe destacar que se incorporó al expediente una denuncia contra Aragonés radicada en la ciudad de Santa Fe. Allí una persona lo denunció por venderle pastillas de éxtasis a su hermano menor, un chico de 17 años que estuvo internado una semana en el hospital Cullen como consecuencia de los efectos adversos a la salud provocados por el consumo de esa sustancia.
El fiscal general insistió en algo que viene subrayando en este tipo de causas: “Los operadores judiciales y la sociedad en general no podemos ser indiferentes ni al flagelo de las drogas ni al flagelo que está causando esto. La Iglesia recientemente en un documento también hizo hincapié en esta cuestión. Pero más en cuanto al éxtasis. Todas las drogas nocivas pero por sus efectos, en diversas fiestas electrónicas se han muerto personas”, y recordó varios casos que sucedieron, incluso en forma concomitante a juicios por tráfico de éxtasis que se desarrollaban en este Tribunal.
“La verdad, seamos conscientes del daño que ocasiona justamente el éxtasis y por eso ponderémoslo en su debido precio. Por eso, esta conducta no puede quedar impune”, consideró.
El pedido de pena para Aragonés por parte del fiscal Candioti fue algo novedoso. Solicitó que sea de cumplimiento efectivo pero bajo la modalidad de prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que pasó el tiempo y Aragonés expresó un “reconocimiento sincero” del delito que cometió, su arrepentimiento, contó que abandonó aquellas prácticas, así como “un cambio de vida”, ya que hoy tiene un trabajo genuino que le permite sostener a su familia. Por otro lado, consideró que el encarcelamiento no sirve para su resocialización. Desarrolló el concepto de “interpretación en equidad”, y consideró que de esa manera el objetivo resocializador de la pena “se cumpliría más estando en prisión pero en el domicilio que tras las rejas en la unidad penal”.
A su turno, la defensora Corina Beisel destacó los argumentos del fiscal, pero solicitó que se le imponga a Aragonés la pena de tres años de prisión condicional.
En este sentido terminó fallando la jueza del TOF Noemí Berros, quien este viernes escuchó la última palabra del imputado y luego anunció el veredicto en el cual condenó a Aragonés a tres años de prisión condicional. En la próxima semana se conocerán los fundamentos de la sentencia.
Fuente: Análisis Digital
