En el marco de su política de “motosierra” el Gobierno dispuso este lunes la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), suprimiendo su registro de conciliadores y el fondo de financiamiento destinado a cubrir honorarios y notificaciones. La decisión se publicó en el Boletín Oficial a través del Decreto 55/2025, haciendo uso de las facultades delegadas que avaló la Ley Bases.

Según el texto oficial, la medida responde a la existencia de organismos con funciones similares y busca “desburocratizar y simplificar” los procedimientos administrativos. De acuerdo a la aclaración de la Secretaría de Comercio, el organismo “duplicaba funciones y tenía bajos niveles de eficiencia: el año pasado sólo resolvió el 28% de los reclamos ingresados. Con esta decisión, los consumidores podrán resolver sus reclamos vía web de manera más rápida y eficaz. Además, el Estado ahorrará $650 millones anuales”, expresó el documento oficial.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expone las razones detrás de la disolución del COPREC. Según el documento, la medida busca “alinear las políticas de regulación del mercado interno” y avanzar en la “desburocratización y simplificación de los procesos administrativos”, evitando la superposición de funciones entre organismos con objetivos similares en áreas geográficas concentradas.

La iniciativa oficial tuvo su primera repercusión en 2024, cuando el Colegio de Abogados de la Ciudad advirtió a través de un comunicado que rechazaban “cualquier iniciativa de esa naturaleza”. Con la medida en vigencia, especialistas advierten que ahora los reclamos pueden incrementarse.

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