La causa que investiga el brutal homicidio de Roberto Curá, ocurrido en abril de 2024 en su vivienda de Bovril, fue formalmente remitida a juicio por jurados populares, según la resolución dictada este jueves por el juez de Garantías de La Paz, Ramón Lell. El único imputado es Norberto Miguel Rosales, de 68 años, quien enfrentará cargos por homicidio doblemente calificado.

Según se informó a AHORA, el hecho que se le atribuye a Rosales ocurrió aproximadamente a las 5 del 23 de abril de 2024. Según la acusación, Rosales ingresó a la finca de la calle Eva Perón Nº 1599 de Bovril, habitada por Roberto Curá y su esposa. El propósito inicial era sustraer elementos de valor. Al ser sorprendido por Roberto Curá en el quincho de la vivienda, lo atacó propinándole golpes de puño y puntapiés en distintas partes del cuerpo. Este ataque le causó a Curá un traumatismo craneoencefálico grave, lesiones contusas y una extensa hemorragia, lo que determinó su muerte.

La acusación sostiene que el ataque fue perpetrado con la finalidad de procurar su impunidad al ser descubierto y que se aprovechó especialmente del estado de indefensión de la víctima, quien era de edad avanzada y tenía posibilidades limitadas de defenderse. Tras el ataque, se imputa a Rosales haber sustraído un arma de fuego antigua, tipo pistolón, de una habitación de la vivienda.

Las conductas atribuidas a Rosales han sido calificadas por el fiscal Facundo Barbosa y el querellante Marcos Rodríguez Allende como homicidio doblemente calificado, basándose en los incisos 2 y 7 del artículo 80 del Código Penal, en calidad de autor. La pena prevista para este delito es la de reclusión perpetua o prisión perpetua.

Durante la audiencia de remisión a juicio, la defensa de Rosales planteó diversas cuestiones preliminares. Solicitó la nulidad del allanamiento realizado en el domicilio del imputado en Bovril, alegando un exceso en la ejecución al secuestrarse un trozo de papel con la patente del auto de la víctima, elemento que no estaba detallado en la orden judicial.

La defensa argumentó que el lugar del hallazgo era “impropio” y que el secuestro, aunque convalidado posteriormente, debió ser autorizado previamente por un juez. Consecuentemente, pidió la exclusión probatoria de este papel y las pruebas derivadas.

La defensa también solicitó el sobreseimiento de Rosales, argumentando la falta de elementos suficientes para ir a juicio. Fundamentó este pedido en informes científicos que consideró desincriminantes, como la ausencia de sangre en la ropa secuestrada, pelos no compatibles con la víctima, rastros de pisadas que no coincidían con su calzado, una huella digital y ADN de otras personas encontrados en el lugar del hecho. Asimismo, cuestionó la credibilidad de una testigo, quien dijo haber visto a una persona con un fierro cerca del lugar del hecho en el horario aproximado, pero cuyas descripciones iniciales sobre edad y la visibilidad del rostro fueron contrastadas por la defensa.

La fiscalía y la querella se opusieron a estos planteos. Consideraron que la solicitud de nulidad y exclusión era extemporánea para esta instancia procesal y que el control de la prueba corresponde al juez que dirigirá la audiencia de admisión de evidencia.

Defendieron la legalidad del secuestro, señalando que existió una convalidación posterior por parte del juez de garantías, quien evaluó la “razonabilidad” de la situación.

Destacaron que el propio Rosales reconoció haber escrito el papel con la patente en una declaración anterior, asistido por su defensa. Respecto al sobreseimiento, argumentaron que la valoración de la prueba científica y el testimonio de la testigo Zurdo (ubicada cerca del lugar a la hora del hecho) debe realizarse en el debate oral ante el jurado, ya que los informes periciales no brindan “certeza negativa” en esta etapa.

El juez de garantías rechazó los planteos de nulidad y sobreseimiento. Fundamentó el rechazo a la nulidad en el principio de conservación de los actos procesales, que exige un perjuicio real y actual a derechos fundamentales para declarar la nulidad.

Consideró que no se demostró una violación a garantías constitucionales y que el secuestro fue convalidado posteriormente, elemento que además Rosales reconoció como propio. El planteo de nulidad también fue considerado tardío. Sobre el sobreseimiento, resolvió que el debate sobre la validez o suficiencia de la prueba le corresponde al tribunal de juicio.

Otro punto central de la audiencia fue la medida de coerción. La fiscalía y la querella solicitaron la prórroga de la prisión preventiva efectiva de Rosales hasta que el veredicto del jurado adquiera firmeza. Argumentaron la existencia de riesgo de fuga debido a la alta pena en expectativa (prisión perpetua) y al comportamiento de Rosales inmediatamente después del hecho: su retiro intempestivo de Bovril, su desplazamiento a Paraná, Rosario y Buenos Aires, el secuestro de pertenencias que sugerían una partida abrupta, la inactividad de su línea telefónica original y el uso de una nueva para ocultarse, y acciones para evitar cámaras de seguridad. También señalaron su falta de arraigo y el riesgo de entorpecimiento, ya que los testigos deben declarar libremente en el juicio.

La defensa solicitó la morigeración de la prisión preventiva por una prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Sostuvo que los riesgos procesales ya no estaban latentes, que la prueba ya se había recolectado y que ninguno de los testigos manifestó temor. Argumentó que la tobillera neutralizaría el riesgo de fuga y que la prisión preventiva no debe ser una pena anticipada. Mencionó que Rosales lleva un año detenido y que la hipótesis de condena no justifica la continuación de la medida más gravosa.

El juez finalmente dispuso la prórroga de la prisión preventiva efectiva de Rosales, quien permanece alojado en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú. La medida se extiende hasta que el veredicto del juicio por jurados adquiera firmeza. La defensa apeló esta decisión, así que en los próximos días habrá una audiencia.

Con los planteos de la defensa rechazados, la causa por el homicidio de Roberto Curá avanzará ahora a la siguiente etapa. Será remitida a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná para el sorteo del juez técnico que dirigirá las audiencias preliminares y el debate oral, donde un jurado popular decidirá el destino de Norberto Miguel Rosales.

La noticia Pedirán prisión perpetua para el detenido por el homicidio del exjuez de Paz de Bovril Roberto Curá se publicó primero en AHORA Entre Ríos.