El juez de Garantías, Elvio Garzón, ordenó prohibir a querellantes en el marco de una causa penal, que involucró a dirigentes del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), realizar publicaciones de las evidencias obtenidas.

Según supo AHORA, la medida se tomó tras un planteo realizado por los abogados Marcelo Franco y Eduardo Gerard. La fiscalía a cargo de Santiago Alfieri estuvo presente y no presentó objeciones.

Los autores de las publicaciones, que contienen informes bancarios, impresiones de imágenes de declaraciones de testigos, resúmenes de cuentas, domicilios, cuentas bancarias y CBU, son opositores a la actual dirigencia sindical. Se presume que la difamación se ejecuta en el marco de intentar desacreditar al oficialismo de cara a la elección de autoridades que se realizará a fin de año.

La denuncia original de la causa se realizó en 2021. La denuncia fue realizada por siete afiliados al sindicato patrocinados por José Daniel Casas Gerber, abogado que renunció el año pasado a ese cargo. En la presentación se relata todo el proceso que derivó tras la muerte del exsecretario general del Suoyem, Jorge Brocado, y la serie de pasos previos y posteriores que realizaron desde la Comisión Directiva para sostener el poder del sindicato más allá del propio mandato de los afiliados.

En un primer momento, la denuncia se realizó ante el fiscal Federal Leandro Ardoy contra la cúpula que conduce el sindicato. Pero el MPF se declaró incompetente por el tipo de delito que supuestamente existía y fue enviado a la justicia provincial.

Los denunciantes sostuvieron que Héctor Nichea se hizo pasar por secretario general para retirar más de 3.000.000 de pesos de las arcas del gremio.

Tras una investigación del fiscal Alfieri, la causa terminó archivada porque se hizo una conciliación y se fijó el pago de un dinero a modo de resarcimiento.

En la audiencia pública de este lunes, los abogados Franco y Gerard pidieron que cesen las publicaciones de datos sensibles de la causa penal que pondrían en peligro a las personas allí citadas.

El juez Garzón decretó prohibir publicar en el futuro todos los datos que obran en el legajo penal y que eliminen de las publicaciones directas o a través de otras personas en las redes sociales todo lo que hayan publicado en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal, en el artículo 227, que dice que todo lo que se ventila en el marco de un legajo penal es público para las partes, pero deberán guardar secreto.

Llama la atención que, entre las personas que aparentemente pugnan por un lugar en el Suoyem, haya uno que fue desafectado del ámbito municipal en la gestión de Adán Bahl, porque firmó un abreviado de tres años, donde confesó su rol de encubridor en una serie de robos ocurridos en Paraná.

La noticia Prohíben a querellantes publicar evidencias obtenidas en el marco de un investigación penal se publicó primero en ahora.com.ar.