En un fallo reciente, el juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, resolvió dictar el sobreseimiento de Federico Tomás Prongue, quien había sido procesado junto a Lucio Javier Rodríguez por el delito de peculado. La decisión se tomó a instancias del fiscal que investigó el caso, Gonzalo Badano, quien consideró que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación contra Prongue.

El caso sacó a la luz un problema doblemente preocupante: por un lado, los riesgos sanitarios derivados de la circulación de carne fuera de la cadena de cuidado y, por otro, la gravedad del delito cometido por Rodríguez, inspector de fiscalización ganadera que se apropió indebidamente de la carne secuestrada y la vendió. Este acto no solo representó una grave falta a la función pública, sino que también puso en riesgo la salud de los consumidores al introducir carne cuya trazabilidad había sido comprometida.

La trazabilidad y el control de calidad en la cadena cárnica son fundamentales para garantizar el consumo seguro de los productos. Cuando la fiscalización falla o se ve atravesada por irregularidades, el daño puede ser significativo. En este caso, la condena de Rodríguez dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema de control, mientras que el sobreseimiento de Prongue demostró la falta de pruebas para vincularlo con la apropiación del producto.

A pesar de su desvinculación del caso, el proceso judicial deja en claro que se deben reforzar los mecanismos de control para evitar hechos similares en el futuro. La confianza en los organismos de fiscalización es clave para garantizar que los productos de origen animal cumplan con las normativas sanitarias y lleguen a los consumidores en condiciones adecuadas.

Según se pudo establecer, los imputados, en su calidad de inspectores de fiscalización de ganadería de la provincia detuvieron la circulación de un camión en la ruta por una infracción y procedieron al secuestro de la carne que transportaba. Posteriormente se determinó que uno de los inspectores se llevó la carne secuestrada a su casa y vendió una parte. El inspector que hizo aquello fue Rodríguez, que fue condenado en febrero. El otro inspector, Prongue, fue imputado en el inicio de la investigación pero no se pudo probar que se haya quedado con algo o vendido. Por ese motivo el fiscal pidió su sobreseimiento.

Prongue fue asistido por la defensora oficial, Mariana Montefiori, quien ratificó lo verbalizado por el fiscal y acompañó la solicitud de sobreseimiento, argumentando su posición.

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